Alfonso Insuasty RodríguezLa transición hacia fuentes energéticas limpias es fundamental para reducir la huella de carbono y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Sin embargo, la demanda creciente de materiales críticos como litio, grafito, níquel y cobalto, entre otros, podría desencadenar nuevas crisis socioambientales.
Según Visual Capitalist, para 2030 se necesitarán 293 nuevas minas para abastecer la demanda de materias primas clave. En el caso de los vehículos eléctricos, la firma Benchmark Minerals estima que serán necesarias 384 minas adicionales para extraer los materiales esenciales.
El problema radica en que la construcción de minas requiere décadas de desarrollo. En países como Estados Unidos, abrir una mina puede tardar hasta 29 años, mientras que, en naciones como Ghana, la República Democrática del Congo y Laos el proceso toma entre 10 y 15 años. Este desfase podría generar un cuello de botella en la producción de baterías y vehículos eléctricos, aumentando la presión sobre los recursos del Sur Global.
El impacto de la extracción en los países productores
América Latina se encuentra en el centro de esta disputa, la explotación masiva del litio en el Salar de Atacama en Chile ha provocado la degradación de ecosistemas frágiles, mientras que la extracción de cobalto en la República Democrática del Congo ha estado vinculada a violaciones de derechos humanos y condiciones laborales precarias.
Las declaraciones de la exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, refuerzan la narrativa hegemónica sobre la región como un eslabón clave en la seguridad y economía global. En el Foro Económico Internacional en Panamá, Richardson enfatizó que "América Latina tiene prácticamente todo lo que el mundo necesita". Según sus propias palabras, la región posee el 30% del agua fresca mundial, el 60% del litio y un tercio de las reservas de cobre y azúcar. Una afirmación que ya había reiterado con gran detalle en 2023, siendo aún la comandante del Comando Sur de Estados Unidos.
Sin embargo, su discurso no hace referencia a la historia de saqueo de recursos naturales por parte de corporaciones occidentales y presenta la "protección de intereses" como un objetivo prioritario, un asunto de “seguridad nacional” de EE.UU. Esta postura deja en evidencia la falta de voluntad para garantizar beneficios reales a las comunidades locales, perpetuando un extractivismo sin soberanía.
La militarización como herramienta de control
La disputa por los recursos naturales está vinculada con el resurgimiento de la militarización en América Latina. Expertos argumentan que Estados Unidos mantiene su influencia en la región, muy a menudo, acompañada de un discurso centrado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los principales flagelos en la región. Algunos analistas sostienen que esto podría tratarse de una estrategia para asegurarse el acceso a recursos naturales estratégicos, ya que es un país dependiente en materia energética.
En este sentido, la periodista argentina Stella Calloni sostiene que la actual intervención estadounidense en la región busca asegurarse recursos estratégicos, reviviendo la lógica de la Doctrina Monroe (1823). Calloni señala que, en Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri y con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, se estableció un Centro Regional de Inteligencia en Tierra del Fuego y una base operada por EE.UU.
Gabriel Aguirre, director para América Latina de la ONG Un Mundo más allá de las Guerras (World Beyond War), denuncia a su vez la creciente presencia militar extranjera en la región. Señala que América Latina carga con más de 76 bases militares estadounidenses, dispersas como cicatrices en su territorio. Bajo el discurso de "seguridad y cooperación", estas instalaciones han demostrado ser todo lo contrario: focos de inestabilidad, violaciones de derechos humanos y pérdida de soberanía.
Aguirre enfatiza que “la historia es clara”: donde se instala una base militar, la violencia se incrementa. No son bases defensivas, sino centros de operaciones ofensivas. Pueden verse casos, por ejemplo, en Honduras, donde la base militar de Soto Cano fue clave en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, facilitando su captura y expulsión del país.
Desde Colombia, según autoridades, las bases han servido para lanzar incursiones contra Venezuela, apoyando mercenarios y grupos desestabilizadores.
En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa ha abierto nuevamente las puertas a tropas extranjeras, en contradicción con su propia Constitución, permitiendo incluso la reciente visita del director de Blackwater, empresa de mercenarios vinculada a operaciones encubiertas de EE.UU.
En este contexto, Aguirre sostiene que América Latina no necesita bases extranjeras, sino soberanía, dignidad y paz. El futuro de la región está en juego ante la expansión de estas bases y la creciente privatización de los recursos estratégicos.
Como advierte Calloni, la región enfrenta una "guerra de baja intensidad", diseñada para someterla económica y militarmente. Solo una respuesta articulada y soberana podrá evitar que América Latina pierda el control de su propio destino.
Neocolonialismo ambiental: la "agenda verde" como pretexto
Mientras el Norte Global impulsa la transición energética, el Sur se convierte en la cantera de materiales críticos, pero sin beneficiarse del desarrollo tecnológico e industrial asociado.
En este contexto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la Cumbre del G77+China en La Habana en septiembre de 2023, evocó los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti al afirmar: "El Sur también existe. Por todo el tiempo en que el Norte acomodó el mundo a sus intereses para mal del resto, ya toca al Sur cambiar las reglas del juego".
Con esta declaración, enfatizó la necesidad de que los países del Sur Global tomen un papel activo en la redefinición del orden económico y político internacional, rechazando la sostenibilidad como un pretexto para perpetuar la dependencia y el saqueo de los recursos en América Latina.
Más recientemente, la XII Cumbre del ALBA-TCP (2025), Díaz-Canel denunció la persistente injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe a través de sanciones económicas, campañas de desinformación y discursos securitarios que buscan justificar agresiones contra los gobiernos soberanos de la región.
Su intervención reafirmó la postura de Cuba en defensa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y la necesidad de fortalecer la unidad regional frente a las presiones externas. Destacó el papel del ALBA-TCP en la defensa de la soberanía y llamó a fortalecer la unidad regional para enfrentar la ofensiva imperialista y oligárquica.
Esta agenda verde reproduce una dinámica neocolonial donde la explotación de recursos sigue estando en manos extranjeras, sin garantizar industrialización ni bienestar para las comunidades locales. La falta de tecnología propia y de un modelo soberano de desarrollo impide a América Latina salir del rol de proveedor de materias primas.
Alternativas para una transición justa
Ante este panorama, es crucial impulsar una transición energética soberana que priorice la economía circular, el reciclaje y la investigación en nuevas tecnologías que reduzcan la dependencia de minerales críticos.
Según Benchmark Minerals, una mejor capacidad de reciclaje podría reducir la cantidad de minas necesarias de 384 a 336, pero la tecnología para un reciclaje eficiente a gran escala aún está en desarrollo.
Asimismo, los países de América Latina deben fortalecer la integración regional y establecer marcos normativos que limiten la explotación indiscriminada de recursos.
La transición energética, si bien es necesaria, no puede ser utilizada como un pretexto para perpetuar el saqueo de recursos en América Latina. La región enfrenta un dilema histórico: consolidar un modelo de desarrollo soberano o seguir atrapada en una lógica extractivista que favorece a las potencias globales.
Frente a este nuevo saqueo verde, la resistencia y la articulación política serán claves para definir el futuro de América Latina en el orden mundial.
Si la transición energética ha de ser justa, debe ser una herramienta para la autonomía y el bienestar de los pueblos, no un nuevo mecanismo de expoliación bajo el disfraz de la sostenibilidad.
Simón Bolívar enfatizó, ante el Congreso de Angostura (1819), la importancia de la unión para consolidar la independencia de las naciones liberadas del dominio español. “La unión debe salvarnos, así como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros.”
América Latina debe actuar en conjunto para evitar repetir los errores del pasado y construir un futuro basado en la soberanía y la autodeterminación.
La ingeniera agrónoma Cristina Muñoz emprendió una asombrosa tarea para intervenir los suelos con biocarbón y así recuperar su fertilidad, mientras además lucha contra el calentamiento global.
