Las autoridades de Perú y la empresa minera Poderosa confirmaron este domingo la muerte de 13 trabajadores que habían sido secuestrados días antes en una mina de oro en la provincia de Pataza, en el noroeste del país. Según un comunicado de Poderosa, el equipo de rescate de la Policía Nacional pudo recuperar los cuerpos “tras intensas labores de búsquedas”. Y añadió que a los trabajadores los habían secuestrado “mineros ilegales coludidos con elementos criminales".

Las víctimas eran empleados de una empresa contratista que prestaba servicios a Poderosa, una de las principales mineras auríferas del país, listada en la Bolsa de Valores de Lima. En los últimos meses, la compañía ha sido blanco frecuente de bandas armadas relacionadas con la minería ilegal.

Desde febrero de 2024, la región de Pataz, a 900 kilómetros de Lima, se encuentra bajo estado de emergencia, debido a la escalada de violencia alimentada por la búsqueda del oro. Esto en el marco de que la minería es un eje clave de la economía de Perú, que alguna vez llegó a ser uno de los mayores productores de oro en América Latina.

"La espiral de violencia descontrolada en Pataz se produce a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un gran contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona", señaló Poderosa en su comunicado. 

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los responsables. "Nuestros agentes (...) están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

"Tenemos que recuperar la gobernabilidad, el orden y la paz en Pataz (...). Lo que está pasando allí es inaceptable", dijo Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, a la radio RPP.

Por su parte, el alcalde del municipio de Pataz, Aldo Carlos Mariño, expresó este domingo su repudio al asesinato, al que se refirió como un “acto delincuencial terrorista”, en diálogo con la emisora RPP. Mariño también esxpresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y pidió a Poderosa que se haga responsable de los deudos de estos trabajadores.

Decenas de trabajadores afectados

Poderosa advirtió en su comunicado que, con este nuevo ataque, ya suman 39 los trabajadores, colaboradores y mineros artesanales asesinados “por las bandas criminales que han tomado el control" de la zona. 

El sábado, otro ataque atribuido a presuntos mineros ilegales dejó ocho personas heridas, entre ellas dos policías, cerca del campamento minero Aracoto. Los heridos fueron evacuados en helicóptero tras ser emboscados en sus vehículos mientras se dirigían a la planta procesadora de la minera Caravelí, en el centro poblado de Jucusbamba, distrito de Tayabamba.

Ante esta serie de hechos, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) denunció que “redes de la minería ilegal” han desatado “una ola de terror”. Así, la organización expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de "esta asonada delictiva promovida por las redes de la minería ilegal", y pidieron a las autoridades a que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley para que esta masacre no quede impune.

En una nota de prensa, la sociedad agregó que "el secuestro y asesinato de estos trabajadores evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales".

Familiares de trabajadores asesinados exigen justicia

Mientras tanto, familiares de las víctimas exigieron justicia: “Queremos justicia, que esto no quede aquí”, dijo Abraham Domínguez, padre de uno de los trabajadores asesinados, a la emisora local Canal N. 

Emilia Rospigliosi, hermana de otra víctima, cuestionó la demora en la respuesta policial: “Los han torturado y matado. ¿Cómo es posible que no hayan hecho nada?”, declaró al canal Latina.

En Trujillo, a nueve horas de Pataz, varios familiares esperaban el traslado de los cuerpos a la morgue local, en medio del dolor y la indignación.