La organización Amnistía Internacional acusó a Israel de cometer un "genocidio transmitido en directo" contra los palestinos en Gaza, al desatar una campaña sistemática de desplazamientos forzosos y una catástrofe humanitaria sin precedentes. En su informe anual, la ONG afirmó que Israel actuó con "intención específica de destruir a los palestinos en Gaza", una acción que califica, según el derecho internacional, como genocidio.
"Los Estados han observado impotentes cómo Israel ha matado a miles de palestinos, aniquilado varias generaciones de familias enteras, destruido hogares, hospitales y escuelas", denunció Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe resalta que el 90% de la población de Gaza —aproximadamente 1,9 millones de personas— ha sido desplazada a la fuerza. La mayoría permanece sin acceso a agua potable, electricidad, alimentos o atención médica. La organización también documentó "múltiples crímenes de guerra" cometidos por el ejército israelí en 2024, incluidos ataques indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes de carácter civil.
En paralelo, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza acusó a Israel de utilizar el hambre y la sed como "armas de guerra sistemáticas". Desde el bloqueo total al ingreso de ayuda humanitaria al enclave, que Tel Aviv impuso el pasado 2 de marzo, más de 65.000 niños palestinos han sido hospitalizados por desnutrición aguda.
Mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que Israel ha desatado “un nuevo infierno” en Gaza, se conocen nuevas cifras escalofriantes: más de 2.180 familias exterminadas, así como 18.000 niños y 12.400 mujeres.
El comunicado añadió que “el cierre continuo de los cruces fronterizos ha provocado un deterioro catastrófico de las condiciones de salud, especialmente entre niños y bebés”. La falta de alimentos, medicinas y agua potable ha provocado un colapso humanitario total, que pone en peligro a cientos de miles de civiles, incluidos lactantes y ancianos.
La Corte Internacional de Justicia evalúa caso sobre bloqueo israelí
En medio de la creciente presión internacional, esta semana comenzaron en La Haya las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para examinar las obligaciones legales de Israel en los territorios palestinos ocupados. Las sesiones, abiertas al público y celebradas en el Palacio de la Paz, responden a una solicitud elevada por la Asamblea General de la ONU.
Participan representantes de 40 países, entre ellos Türkiye, Sudáfrica, China, Rusia, Brasil, Egipto y España, y organizaciones internacionales clave como la ONU, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe. Aunque Israel presentó una declaración escrita, no intervendrá oralmente durante las audiencias.
Durante cinco días, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchará a 40 países y organizaciones para determinar si Israel incumplió sus obligaciones humanitarias e impidió entrada de ayuda a Gaza.
Durante su presentación, el embajador palestino ante la CIJ, Ammar Hijazi, acusó a Israel de asesinar deliberadamente a personal humanitario. Según sus declaraciones, más de 408 trabajadores de la ONU, incluyendo casi 300 de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), han perdido la vida desde octubre de 2023, junto con decenas de paramédicos y socorristas.
"Estos asesinatos son deliberados, no accidentales", afirmó Hijazi, denunciando emboscadas a brigadas humanitarias y entierros en fosas comunes. El diplomático advirtió que el actual bloqueo ha derivado en un "asedio total" que genera condiciones "incompatibles con la vida humana", señalando que el objetivo es borrar la existencia de palestinos en Gaza.
En representación de las Naciones Unidas, Elinor Hammarskjold, subsecretaria general de Asuntos Jurídicos, remarcó que Israel está incumpliendo sus obligaciones como potencia ocupante. Desde el 2 de marzo no se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria ni de bienes comerciales a Gaza, situación que ha tenido consecuencias devastadoras.
Hammarskjold subrayó que el respeto al derecho internacional "es la única vía hacia una paz duradera" y que el personal de la ONU "debe ser respetado y protegido". Además, denunció que la legislación israelí dirigida a obstaculizar el funcionamiento de UNRWA constituye una extensión ilegal de soberanía sobre territorio ocupado.
Gaza, un “campo de exterminio”
Paul Reichler, abogado principal de la delegación palestina ante la CIJ, describió Gaza como "un campo de exterminio, donde los civiles están atrapados en un círculo interminable de muerte". Según Reichler, la situación actual es insostenible y viola de forma flagrante la Cuarta Convención de Ginebra y el derecho internacional.
"La tragedia humana en Gaza es una elección política deliberada, no un accidente", sentenció. El abogado enfatizó la urgencia de garantizar el acceso total e irrestricto a la ayuda humanitaria y advirtió del riesgo de que Cisjordania ocupada se convierta en un segundo Gaza.
La abogada y representante del territorio ante la CIJ, Blinne Ní Ghrálaigh, añadió que Gaza atraviesa "la mayor crisis de amputados infantiles y huérfanos en la historia moderna". Señaló que Israel ha atacado sistemáticamente escuelas y almacenes de alimentos de la ONU, ha cerrado violentamente sus instalaciones y ha prohibido el movimiento del personal palestino que trabaja para las agencias humanitarias.
La abogada denunció también torturas y tratos degradantes contra trabajadores humanitarios detenidos, incluyendo golpizas, simulacros de ahogamiento y amenazas contra sus familias, en violación de la Convención de 1973 sobre Personas Internacionalmente Protegidas.
UNRWA, un blanco directo de la estrategia israelí
Durante las sesiones, Ardi Imseis, también representante palestino ante la CIJ, sostuvo que Israel busca eliminar a UNRWA como parte integral de sus planes de destrucción del pueblo palestino. "Dada su capacidad operativa única para brindar asistencia, es evidente por qué Israel insiste en eliminarla", explicó.
Imseis advirtió que la suspensión de operaciones de la agencia tendría consecuencias humanitarias devastadoras para millones de refugiados palestinos. Subrayó que Israel está legalmente obligado no sólo a respetar, sino a facilitar y expandir las operaciones de UNRWA en los territorios ocupados.
Mientras las audiencias siguen su curso, el ejército israelí se prepara para ampliar su operación terrestre en Gaza, en medio del estancamiento de las negociaciones con Hamás. Según reportes de los medios israelíes KAN y Canal 12, se planea una movilización masiva de reservistas, a pesar del agotamiento físico y psicológico de las tropas.
Además, Israel ha comenzado a establecer una supuesta "zona humanitaria" en el sur de Gaza, bajo control militar, donde la distribución de ayuda estará a cargo de empresas civiles estadounidenses supervisadas por el ejército israelí. Diversos sectores han criticado esta medida como una estrategia de desplazamiento forzoso y control de la población civil.
Desde octubre de 2023, más de 52.300 palestinos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, han sido asesinados en Gaza en la ofensiva militar israelí, que ha reducido el enclave a escombros. Israel mantiene a más de 9.900 palestinos encarcelados, quienes, según organizaciones de derechos humanos, sufren torturas, desnutrición y negligencia médica.
Tel Aviv enfrenta actualmente un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en Gaza. Paralelamente, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
