En la Argentina, no hay nada más normal que una protesta. Sólo en el 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, hubo 6658 marchas –es decir, 18 por día-. Y es ya una triste tradición de cada miércoles, jubilados que marchan al congreso en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de mejoras en sus pensiones.

Sin embargo, el último miércoles, uno de esos reclamos desató la mayor represión policial de la gestión del presidente Javier Milei con un saldo de 114 detenidos –entre ellos siete sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado- y 20 heridos, uno de gravedad. Un escándalo que salpicó hasta el mundo del fútbol, la oposición y la justicia, y acabó en los titulares de medios de todo el mundo.  

¿Una marcha amenazante para el gobierno?

Todo comenzó con la marcha de los miércoles de los jubilados, un sector empobrecido de la Argentina, que reclama actualizar pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y  una moratoria previsional para aquellos que piden una pensión sin suficientes años aportados. Pero al reclamo de esta semana, se sumaron llamativamente simpatizantes de fútbol, incluso de equipos rivales. La iniciativa surgió cuando una semana atrás, un hincha de Chacarita Juniors, de 75 años, fue rociado con gas y golpeado por la Policía, hasta romperle la muñeca. La escena, para los hinchas del club, significó el cruce de una línea roja.   

“Si tengo que perder mi vida luchando como un jubilado la voy a perder”,  comentó Carlos, de 75 años y fanático también de Chacarita Juniors, “pero mis hijos y mis nietos van a ser libres. Esta patria no merece lo que tenemos en el gobierno”.

Al parecer, el gobierno tomó nota de la adhesión. Desde temprano, apostó cientos de policías en las inmediaciones del congreso. Y mientras los manifestantes cortaban pacíficamente las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, los agentes irrumpieron desalojándolos con palos y gases lacrimógenos. Al tiempo que un camión policial barría la zona dispersando  a los manifestantes con metrallas de agua.

“Estamos defendiendo nuestros derechos y queremos que se vaya este gobierno ‘hambreador’”, manifestó Héctor, un jubilado que cobra el mínimo –menos de 300 dólares mensuales- y sostenía un cartel con la frase: “Basta de genocidio silencioso”.

“Están armados hasta los dientes contra los jubilados", se lamentó Liliana, otra jubilada. Y luego le gritó a los oficiales: “Qué papelón como nos tratan. En lugar de reprimirnos, vayan a ayudar a Bahía Blanca (la ciudad de Buenos Aires que acaba de sufrir una gran inundación)”.

A pesar de los gases, los palos y el agua, en el aire flotaban cantos que lo decían todo: “Qué triste debe ser tener que pegarle a un jubilado para poder comer”, “Milei, vos sos la dictadura”  y “que se vayan todos”. Descargas de artillería verbal en un país que se resiste a que los ajustes golpeen en sectores donde ya no queda por donde ajustar.

El enfrentamiento con la policía dejó un puñado de imágenes desoladoras: una jubilada de 87, empujada por la policía, golpeó la cabeza contra el asfalto y acabó en el hospital. Al fotógrafo Pablo Grillo, le impactó un cartucho de gas en la cabeza y fue internado de urgencia. Un patrullero volcado ardiendo como una luminaria aterradora sobre la Avenida de Mayo. Pedradas y barricadas en respuesta a los gases en avenidas que, hasta hacía poco, eran transitadas por miles de porteños en su camino al trabajo. Y peleas entre los propios manifestantes que acusaban a una minoría de ser “infiltrada” y generar disturbios innecesarios.

Justificar la represión

"Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado", advirtió en conferencia de prensa, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. La ministra consideró que el accionar de los manifestantes fue de “extremísima gravedad”, mientras que la respuesta policial fue simplemente “adecuada”.  "Se tomó la decisión de comenzar a dispersar a los violentos desde el primer momento", agregó.

La ministra fue contundente: afirmó que los sucesos fueron parte de un plan para desestabilizar al gobierno con el apoyo de grupos opositores. Anunció que pedirá la expulsión inmediata de dos manifestantes extranjeros –un mexicano y una peruana-. Señaló a  Leandro Caprioti, hincha del club de fútbol Chacarita Juniors, como "máximo organizador" de la marcha. Y acusó a intendentes opositores del peronismo de “permitir la organización de los violentos” en sus distritos. Por si fuera poco, anticipó que el gobierno presentará una denuncia penal por “sedición” contra los detenidos más comprometidos de entre los manifestantes.

"Fue una marcha organizada por patotas, por barra bravas, agrupaciones de izquierda violentas, distintos sectores que buscan la desestabilización total y absoluta de nuestro Gobierno", concluyó Bullrich.

Pero las reverberaciones de la marcha no terminarían allí.

Una jueza que no opinaba lo mismo

A pocas horas de la protesta, la jueza Karina Andrade, ordenó la liberación de los 114 detenidos –entre los cuales, según la policía de la ciudad, sólo había cinco barrabravas de fútbol-.  "Se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión", justificó la jueza en su fallo.

El gobierno, fiel a su estilo, la descalificó de inmediato. “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, salió al cruce Guillermo Francos, jefe de gabinete.

La respuesta de los movimientos sociales y sindicales: paro en menos de un mes

Mientras tanto, sectores sociales y sindicales de la Argentina repudiaron la represión y anticiparon medidas de fuerza.  La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical, anunció en menos de un mes una huelga general. "Acordamos por consenso un paro por 24 horas antes del 10 de abril", anticipó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT.

"El reclamo de los jubilados es justo y genuino", se sumó Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), uno de los principales movimientos sociales de Argentina. "Este modelo de la crueldad, del hambre y la miseria tiene fecha de vencimiento y esa fecha se la va a poner el pueblo trabajador".

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, es una de las voces más reconocidas en defensa de los oprimidos en la Argentina. Esta semana, fue aún más lejos en su reflexión. “(En la Argentina) hay una dictadura encubierta”, diagnosticó, “y cada vez más muestra su rostro”.

Y en las escenas del último miércoles, ese rostro aterrador, brutal y represivo, quedó en evidencia a la vista del mundo entero.