En un nuevo intento por endurecer su política migratoria, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este jueves a la Corte Suprema que le permita revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Un grupo que, hasta ahora, cuenta con un parole humanitario, es decir, un permiso oficial para ingresar y permanecer temporalmente en el país.
Pero no es la primera vez que Trump arremete contra ellos. En marzo, ya había intentado eliminar el estatus legal de estos migrantes, llegados a Estados Unidos bajo un programa llamado CHNV, denominado así por las iniciales de los países involucrados.
En octubre de 2022, el entonces presidente demócrata Joe Biden había otorgado un permiso especial para que un cupo de venezolanos pudiera ingresar legalmente, siempre que superaran una verificación de antecedentes penales, contaran con un patrocinador en Estados Unidos que les ofreciera apoyo financiero y estuvieran vacunados. En enero de 2023, la medida se amplió a Haití, Cuba y Nicaragua.
Sin embargo, Trump ha cuestionado repetidamente el programa, ha calificado el patrocinio humanitario como un “abuso generalizado” y ha prometido, tanto en campaña como en el ejercicio del poder, eliminar los mecanismos que permiten estancias temporales bajo esta figura.
Aunque esta herramienta legal ha sido usada durante décadas para admitir a personas afectadas por conflictos o crisis humanitarias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha asegurado que “el parole es inherentemente temporal y no constituye una base válida para obtener un estatus migratorio”.
A cambio de 1.000 dólares y asistencia para el viaje, el Gobierno de Estados Unidos propone a migrantes sin documentos que regresen voluntariamente a sus países. Afirma que este método reducirá los costos de deportación.
El aspecto legal del caso
En este contexto, John Sauer, asesor jurídico del gobierno, solicitó a la Corte Suprema que anule una orden previa de un tribunal inferior, la cual impidió a la administración Trump revocar el estatus legal de los migrantes amparados por el programa CHNV.
Dicha orden fue emitida el mes pasado por la jueza federal Indira Talwani, quien argumentó que el gobierno estaba interpretando de forma errónea la ley migratoria. Según la magistrada, la “expulsión acelerada” que Trump quiere aplicar solo se usa con personas que ingresaron al país de manera ilegal, no con quienes fueron autorizados a entrar y permanecer legalmente a través del programa.
Si la Corte Suprema acepta el pedido de la administración Trump, eso significaría que los migrantes habrían perdido su protección legal a partir del 24 de abril, es decir, 30 días después de que el Departamento de Seguridad Nacional publicara la orden en el registro federal.
Eliminar el Estatus de Protección Temporal
Por otro lado, la semana pasada el Gobierno de Trump también solicitó a la Corte Suprema que autorice la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide la deportación de más de 350.000 venezolanos.
El TPS es un mecanismo que Estados Unidos ha utilizado durante años para proteger a personas que no pueden regresar a su país debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias “extraordinarias”.
Este estatus había sido renovado por el entonces presidente Biden en enero, extendiéndolo por 18 meses más, desde abril de 2025 hasta octubre de 2026.
Sólo en marzo el turismo internacional a EE.UU cayó un 12%, mientras las agencias de viajes reportan caídas del 70%. El motivo: los turistas eligen otros destinos como rechazo a las políticas del presidente Donald Trump.
Sin embargo, en marzo, el Gobierno de Trump anunció su intención de poner fin al programa, aunque no pudo implementarlo porque el juez federal Edward Chen bloqueó temporalmente la medida. El magistrado argumentó que la decisión parecía estar motivada por prejuicios de carácter discriminatorio.
Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump ha prometido deportar a millones de migrantes en situación irregular y, ya en la Casa Blanca, puso en marcha toda la maquinaria del Estado para cumplir ese objetivo. El magnate republicano incluso invocó una ley del siglo XVIII, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para expulsar a migrantes hacia una prisión en El Salvador, acusándolos de pertenecer al grupo Tren de Aragua, aunque sin presentar pruebas.
