“Tienen que sufrir hambre”. Con esta frase tajante, el ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, defendió públicamente la campaña de asedio y destrucción que su ejército lleva a cabo en Gaza. En una entrevista concedida al Canal 7 israelí, sostuvo sin ambigüedades que “no hay ningún problema en bombardear las reservas de alimentos” y se manifestó en contra del ingreso de ayuda humanitaria al enclave, al considerar que “no debemos alimentar a quienes nos combaten”.
Sus declaraciones no fueron aisladas. Este mismo lunes, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, reafirmó la postura de utilizar el hambre como instrumento de guerra. El ultraderechista sostuvo que “la única ayuda que debe entrar a Gaza es la que facilite la migración voluntaria”, en alusión a un plan de deportación progresiva de la población palestina.
A esta línea se sumó el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, otro de los líderes de la ultraderecha israelí. Smotrich aseguró que, según él, la victoria en Gaza debe significar “la destrucción total” del enclave y el traslado masivo de su población hacia terceros países, partiendo desde lo que calificó como una “zona humanitaria”. “Cuando la situación se vuelva insoportable para ellos, también lo será para Hamás”, afirmó el dirigente, miembro del partido extremista Poder Judío (Otzma Yehudit).
Conquista total y desplazamiento forzado
Estas declaraciones se enmarcan en una nueva fase de la ofensiva militar israelí, aprobada el pasado domingo por el Gabinete de Seguridad. El plan contempla la ocupación total del territorio, su devastación sistemática y el desplazamiento de la mayoría de los civiles. “Si hay personas que temen por sus vidas, deberían acogerse al plan de emigración”, reiteró Eliyahu, alineándose con la narrativa dominante del Ejecutivo israelí.
Desde Gaza, el movimiento palestino Hamás denunció que esta estrategia representa una decisión deliberada de “sacrificar” a los rehenes israelíes aún retenidos en el enclave. En un comunicado oficial, el grupo acusó a Israel de exponer con claridad la brutalidad de sus intenciones y de repetir “el ciclo de fracasos” de una campaña militar que, tras más de 20 meses, no ha logrado alcanzar sus objetivos declarados.
Hamás también responsabilizó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de continuar “cometiendo crímenes contra civiles” bajo la protección política de Estados Unidos. Asimismo, instó a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a los países árabes e islámicos a actuar de inmediato para frenar lo que calificó como un “gobierno de ocupación fascista” y llevar a sus líderes ante tribunales internacionales.
En ese contexto, el grupo palestino anunció la suspensión de cualquier intento de negociación mientras continúe lo que denominó una “guerra de hambre” y de “exterminio”. “No tiene sentido entablar negociaciones ni considerar nuevas propuestas de alto el fuego mientras persistan estas condiciones”, declaró Basem Naim, miembro del buró político de Hamás.
Qatar afirma que la mediación para tregua sigue
Sin embargo, y a pesar del estancamiento, Qatar reiteró este martes que los esfuerzos de mediación para alcanzar un alto el fuego continúan en marcha, en coordinación con Egipto y Estados Unidos. Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Mayed Al-Ansari, durante una rueda de prensa en Doha.
Al-Ansari destacó que las iniciativas diplomáticas anteriores lograron avances concretos, como la liberación de rehenes, algo que no ha sido posible mediante la vía militar. También condenó el uso de la ayuda humanitaria como moneda de cambio y pidió a la comunidad internacional ejercer presión para garantizar el acceso de insumos esenciales a la población de Gaza.
Hambre como arma de guerra
“Necesitan agua y reciben bombas. Necesitan asistencia de salud y reciben bombas”. Así denunció Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), que Israel está utilizando la ayuda humanitaria como arma de guerra en Gaza. Desde el cierre total de los pasos fronterizos el pasado 2 de marzo, el enclave palestino ha sido sometido a una estrategia de asfixia que impide la entrada de alimentos, medicinas y suministros esenciales.
Organizaciones humanitarias advierten que más del 95% de los 2,4 millones de habitantes han sido desplazados de sus hogares y sobreviven en condiciones extremas. La Oficina de Medios de Gaza confirmó que al menos 57 personas han muerto por inanición desde que comenzó el bloqueo total. Asimismo, el Banco Mundial estima que casi toda la población depende exclusivamente de ayuda internacional para sobrevivir.
En paralelo, la represión carcelaria también se intensifica: más de 9.500 palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes, muchos de ellos en condiciones descritas como de tortura, negligencia médica e incluso privación sistemática de alimentos, según organizaciones defensoras de derechos humanos.
Más muertes
Mientras tanto, los bombardeos continúan. En las últimas 24 horas, los ataques israelíes han dejado 87 muertos y 145 heridos en Gaza. De estos, 49 muertes fueron causadas por el bombardeo a dos escuelas en el campo de refugiados de Al-Bureij y en la ciudad de Gaza, según reportó la Defensa Civil de Gaza.
Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el saldo total asciende a 52.653 muertos y 118.897 heridos, con 234 centros médicos atacados y colapsados debido a los constantes bombardeos. La situación sigue siendo crítica, especialmente para las víctimas atrapadas bajo los escombros, a quienes los equipos de rescate no logran alcanzar debido a la magnitud de la destrucción.
En consecuencia a estas acciones, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, Israel enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.