El Congreso de los Diputados español aprobó este martes una propuesta legislativa que abre la puerta a un posible embargo en el comercio de armas con Israel, en respuesta a violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Gaza. La iniciativa, que busca reformar la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa de 2007, impediría a España vender, comprar o intercambiar armamento con países implicados en genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Impulsada por varios partidos de izquierda —entre ellos Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos—, la medida fue aprobada por un estrecho margen: 176 votos a favor frente a 171 en contra. La oposición provino en su mayoría del Partido Popular (PP) y de la formación ultraderechista Vox, férreos defensores del actual Gobierno israelí y de sus vínculos con España, que consideran estratégicos.
La propuesta ha sido leída como una respuesta directa al recrudecimiento de la violencia en Gaza y a la creciente presión internacional hacia el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, afirmó que España "no puede cooperar con un Estado que comete genocidio o crímenes de guerra", y añadió que la industria armamentística israelí "no debe ser apoyada en las circunstancias actuales en Gaza".
Asimismo, la líder de Podemos, Ione Belarra, instó al Consejo de Ministros español a convocar una sesión de emergencia esta semana para emitir un decreto formal que prohíba la venta de armas a Israel. "Los palestinos no pueden esperar más. Netanyahu los está matando, bombardeando, hambrientos y privándolos de atención médica. Lo que está ocurriendo es la mayor limpieza étnica del siglo XXI", declaró.
El debate parlamentario coincidió con una polémica interna, tras revelarse un contrato millonario con una empresa israelí para la compra de munición destinada a la Guardia Civil, que finalmente el Gobierno rescindió. En este contexto, se ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar explicaciones sobre el acuerdo armamentístico.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó a Israel de “Estado genocida” en el Congreso. La declaración provocó la reacción de Tel Aviv, que llamó a una reunión “de amonestación” a la embajadora española.
La reacción de la derecha
La reacción de la derecha española no solo fue de rechazo, sino de férrea defensa del Gobierno de Israel, incluso frente a las crecientes denuncias internacionales por crímenes de guerra en Gaza. Tanto el Partido Popular como Vox cerraron filas para deslegitimar la propuesta de embargo, alineándose con el relato oficial israelí y desoyendo las advertencias de la ONU, Human Rights Watch y otras organizaciones que han documentado ataques indiscriminados contra civiles palestinos, hospitales y convoyes humanitarios.
José Antonio Hispán, portavoz del PP, calificó la iniciativa como un “pastiche jurídico que destila un rancio antisemitismo” y acusó a la izquierda de utilizar el conflicto en Oriente Medio como herramienta de propaganda.
Desde Vox, Alberto Asarta argumentó que un embargo a Israel pondría en riesgo la seguridad de España, al afectar la operatividad de la policía y las Fuerzas Armadas, y advirtió sobre las consecuencias económicas para el sector de defensa nacional.
Tras casi tres meses de bloqueo y ante la presión internacional, Israel anunció la entrada de ayuda humanitaria, pero permitió solo 5 camiones de alimentos, lo que representa apenas el 0,02% de las necesidades reales de los palestinos en Gaza.
