Tras una serie de cruces en la justicia y un debate que escaló en los medios de comunicación, la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que la administración del presidente Donald Trump retire el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a unos 350.000 venezolanos, algo que podría exponerlos a la deportación.
La orden del tribunal, emitida este lunes con solo una disidencia registrada, deja en suspenso un fallo de un juez federal en San Francisco que había mantenido vigente el TPS para los venezolanos, el cual debía expirar el mes pasado.
“Esta es la mayor acción individual en la historia moderna de Estados Unidos que despoja de su estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos”, afirmó Ahilan Arulanantham, uno de los abogados que representa a los demandantes venezolanos en el caso. Fue “verdaderamente impactante” que la Corte Suprema autorizara la medida sin darle mayor consideración, añadió.
¿Qué es el TPS y qué puede pasar ahora?
El Estatus de Protección Temporal permite que las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivan y trabajen legalmente si sus países de origen no son seguros para regresar, ya sea por desastres naturales o conflictos internos.
Este estatus, creado por el Congreso en 1990, se otorga en períodos renovables de 18 meses. Actualmente, ampara a alrededor de un millón de personas provenientes de varios países. Su eliminación tendría un impacto social significativo, especialmente para las comunidades latinoamericanas que residen en Estados Unidos.
Ahora, los 350.000 venezolanos bajo el TPS se han quedado en un limbo migratorio y con riesgo a la deportación. Este lunes, el máximo tribunal estadounidense no eliminó el TPS, pero concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno el tiempo que el caso se litigue en los tribunales, con lo cual los que tenían este permiso quedan a la deriva. Ahora, los abogados demandantes están a la espera del siguiente paso del Gobierno de Trump.
El contexto judicial del fallo
Originalmente, las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril, pero el juez federal Edward Chen ordenó suspender esos planes pues consideró que la expiración podría alterar drásticamente la vida de cientos de miles de personas y provocar pérdidas económicas por miles de millones de dólares. Chen, designado por el expresidente demócrata Barack Obama, concluyó que el gobierno no había demostrado que mantener el programa causara perjuicio alguno.
Sin embargo, el procurador general D. John Sauer argumentó, en nombre del gobierno, que su orden interfiere indebidamente con la autoridad del Ejecutivo sobre asuntos migratorios y de política exterior. Además, sostuvo ante los magistrados que las personas afectadas por la finalización del TPS podrían tener otras vías legales para intentar permanecer en el país, ya que “la decisión de terminar el TPS no equivale a una orden final de deportación”.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson indicó que ella habría rechazado la apelación de emergencia presentada por la administración.
Política migratoria
El caso del TPS para los venezolanos forma parte de una serie de medidas más amplias de la administración Trump y se suma a una serie de apelaciones de emergencia presentadas por la administración Trump ante el alto tribunal, muchas de ellas relacionadas con políticas migratorias.
La semana pasada, el gobierno solicitó a la Corte que le permitiera poner fin al permiso humanitario para cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que también los expondría a una posible deportación.
La Corte Suprema también ha intervenido en disputas legales sobre los intentos del presidente Trump de deportar rápidamente a venezolanos acusados de pertenecer a grupos como el Tren de Aragua, considerado por Washington como una organización terrorista. enviándolos a una prisión en El Salvador, amparándose en una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.
Estas medidas planteadas por la administración Trump para eliminar diversas protecciones que han permitido a migrantes permanecer en el país, incluyendo la finalización del TPS, buscan facilitar la deportación de migrantes.
Antes de dejar el cargo en enero de este año, el expresidente Joe Biden ordenó la ampliación del TPS para unos 600.000 migrantes venezolanos, entre otros, debido a la “grave emergencia humanitaria que continúa enfrentando el país”, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional.
Durante su primer mandato, Trump intentó poner fin al programa TPS, pero enfrentó una fuerte oposición legal que bloqueó sus esfuerzos. En su nuevo gobierno, redobló la apuesta y, si cumple su propósito, el destino de centenares de miles de migrantes corre peligro ante la posibilidad de ser deportados.
